El Congreso Nacional recibió dos proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo con el propósito de reforzar la transparencia pública, promover la ética institucional y actualizar el marco jurídico de la República Dominicana.
Las iniciativas fueron entregadas por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, junto a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, y recibidas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El primer proyecto plantea la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma que sustituiría a la actual Digeig y tendría como objetivo dirigir el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública.
La propuesta busca fortalecer las políticas de ética pública, prevenir actos de corrupción, ampliar el acceso ciudadano a la información y promover una gestión gubernamental basada en la rendición de cuentas.
Además, establece mecanismos para recibir denuncias, investigar posibles faltas administrativas o éticas y coordinar acciones de integridad en las instituciones del Estado. También contempla la creación de comisiones de cumplimiento normativo y un régimen de sanciones para funcionarios y servidores públicos que incumplan las disposiciones establecidas.
Durante la entrega, Subero Isa destacó que la ética y la integridad son elementos fundamentales para fortalecer la democracia y mejorar el comportamiento dentro de la administración pública.
De su lado, Ortiz Bosch explicó que la iniciativa permitirá consolidar nuevas herramientas para garantizar la transparencia, proteger a los denunciantes y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El segundo proyecto modifica el artículo 1 del Código Civil Dominicano para establecer un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tomando en cuenta la estrecha relación económica, laboral y social entre ambas demarcaciones.
Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la normativa actual responde a una realidad territorial antigua, por lo que su modificación busca eliminar diferencias y garantizar mayor seguridad jurídica para la población.
La propuesta también reconoce la publicación electrónica oficial de las leyes con el mismo valor legal que la versión impresa, como parte del proceso de modernización del sistema jurídico nacional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró las iniciativas y aseguró que serán estudiadas con responsabilidad por el Congreso Nacional, al considerar que contribuyen al fortalecimiento institucional, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Ambos proyectos serán remitidos a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y posterior conocimiento por parte del pleno del Congreso Nacional.
