En América Latina, el uso de demandas por supuestas injurias y calumnias —conocidas como delitos contra el honor— continúa representando una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, según advirtieron expertos durante un encuentro realizado en Panamá, en el marco de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La mesa redonda, apoyada por la Unión Europea (UE) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, reunió a jueces, legisladores, académicos, defensores del pueblo, periodistas y representantes de organizaciones civiles de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. En el espacio se analizó cómo estas acciones legales se mantienen como un mecanismo de presión contra medios de comunicación y periodistas en la región.
Los participantes alertaron que, además del aumento de procesos civiles y penales, están surgiendo nuevas formas de regulación vinculadas al entorno digital, como normas sobre “odio” o “ciberdelitos”, que podrían afectar expresiones críticas tanto de periodistas como de la ciudadanía. Esta situación, advirtieron, contribuye a un clima de autocensura y limita el debate público.
También se destacó que en varios países existen demandas con montos elevados que ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los medios, generando efectos intimidatorios sobre el trabajo periodístico.
Como ejemplo de avance, se mencionó el caso de Costa Rica, que recientemente reformó su legislación al eliminar sanciones de prisión por injurias y calumnias, aunque los expertos señalaron que esta no es todavía una tendencia general en la región.
Representantes de la Unión Europea y de organismos de libertad de expresión insistieron en la necesidad de despenalizar los delitos contra el honor, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de fortalecer la libertad de prensa.
Finalmente, se advirtió que el avance de la tecnología plantea nuevos desafíos, al facilitar posibles formas de censura indirecta. En paralelo, la OEA reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el continente.
