La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en sesión extraordinaria y bajo el procedimiento de urgencia, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, introduciendo cambios en las tarifas de contribuciones previamente sancionadas por el Senado.
Con la asistencia de 146 legisladores, la iniciativa recibió 118 votos a favor en dos lecturas consecutivas. El proyecto regresa ahora al Senado, que deberá conocer y decidir sobre las modificaciones durante su sesión de esta semana.
Cambios en las contribuciones
Las modificaciones presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se enfocan en la escala de aportes de las personas jurídicas según sus ingresos anuales.
- Empresas con ingresos entre 700 millones y 1,000 millones de pesos: aporte de 750,000 pesos.
- Empresas con ingresos entre 1,000 millones y 2,500 millones de pesos: aporte de 1.7 millones de pesos.
- Empresas con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos: aporte de 2.2 millones de pesos.
- Nueva categoría para empresas con ingresos de hasta 5 millones de pesos: aporte de 5,000 pesos.
El artículo 36 fue modificado para establecer que la contribución será liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales: el 50 % junto con la declaración jurada del ISR y el 50 % restante seis meses después. La DGII deberá transferir los fondos a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días, para que esta los deposite en el fideicomiso creado por la ley.
Nuevos párrafos
La reforma incorpora tres nuevos párrafos al artículo 36:
- La contribución será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario.
- Se fija un aporte máximo de 675,000 pesos para empresas que operen como comisionistas, aunque sus ingresos superen los 700 millones.
- Se establece que las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.
Además, se crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025. También se incorpora un artículo transitorio para que las personas jurídicas que aún no hayan realizado el pago puedan hacerlo en julio y diciembre de 2026.
Defensa de Pacheco
El presidente de la Cámara de Diputados defendió la aprobación acelerada del proyecto. “Mañana vencía el plazo para la aplicación de esta ley en su primera etapa, y reconozco que una gran cantidad de sectores ya ha realizado sus pagos ante la DGII”, explicó.
Pacheco reconoció que la ley genera controversia y que diversos sectores han manifestado inconformidad, pero aseguró que las modificaciones buscan mantener un esquema ordenado para el pago de las contribuciones. “El que tuvo el valor de la primera aprobación fue el Senado. Es una ley que genera bastante controversia; sin embargo, debemos admitir que desde 2020 el país ha logrado corregir muchas de las situaciones derivadas de una política inadecuada sobre los residuos sólidos”, afirmó.
El legislador agregó que el país necesita entre 20,000 y 30,000 millones de pesos para resolver de manera definitiva el problema de los residuos sólidos. “Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores”, dijo.
Prohibiciones y sostenibilidad
La iniciativa mantiene la prohibición de importar sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y productos de foam sin certificación de biodegradabilidad. Seis meses después de la promulgación, se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados con papel o cartón reciclado.
