El Distrito de Columbia acordó pagar 50,000 dólares para resolver una demanda presentada por Sam O’Hara, un residente que denunció haber sido detenido ilegalmente mientras protestaba contra el despliegue de la Guardia Nacional en Washington reproduciendo desde su teléfono celular la famosa marcha imperial de Darth Vader, de la saga Star Wars.
La información fue divulgada por la agencia Associated Press (AP), que detalló que el acuerdo pone fin a la demanda interpuesta contra el Distrito y cuatro agentes del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), aunque no incluye las reclamaciones que mantiene contra un integrante de la Guardia Nacional de Ohio.
El acuerdo
Según documentos judiciales, O’Hara aceptó retirar la demanda una vez reciba el pago de la indemnización, que incluye honorarios legales y costas judiciales. El acuerdo no representa una admisión de responsabilidad por parte de las autoridades.
O’Hara, artista y trabajador del sector hotelero, fue representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia. Aunque inicialmente la organización evitó revelar el monto de la compensación, la oficina del fiscal general confirmó que asciende a 50,000 dólares.
La protesta
De acuerdo con la demanda, el 11 de septiembre de 2025, O’Hara caminaba detrás de una patrulla de la Guardia Nacional de Ohio mientras reproducía en su teléfono la marcha imperial de Star Wars, como forma de protesta contra el aumento de la presencia de fuerzas federales en la capital estadounidense.
Uno de los soldados notificó a la policía y los agentes detuvieron a O’Hara, quien permaneció esposado entre 15 y 20 minutos antes de ser liberado sin que se le presentaran cargos.
La demanda alegaba que la actuación policial violó sus derechos a la libertad de expresión, protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como sus derechos frente a detenciones irrazonables y uso excesivo de la fuerza, amparados por la Cuarta Enmienda.
Contexto político
El incidente ocurrió semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington tras declarar un estado de emergencia por la delincuencia en la capital. La medida generó tensiones entre el Gobierno federal y los residentes del Distrito de Columbia, de mayoría demócrata.
Casi un año después, cientos de miembros de la Guardia Nacional permanecen desplegados en la ciudad, lo que ha mantenido vivo el debate sobre el alcance de las medidas de seguridad y el respeto a las libertades civiles.
Proceso pendiente
Aunque el acuerdo resuelve las reclamaciones contra el Distrito de Columbia y los policías involucrados, el proceso judicial contra el sargento Devon Beck, de la Guardia Nacional de Ohio, continúa en curso.
