El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, reiteró su oposición a la reforma de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, al considerar que fue impulsada de forma apresurada y sin el consenso necesario.
Marranzini criticó que la modificación legislativa, orientada a incrementar los aportes económicos de las empresas para la recolección, tratamiento y valorización de los residuos, se manejó desde el inicio de manera inadecuada, lo que derivó en una normativa con serias debilidades.
“El proyecto se ha manejado muy mal; es un error grave. Lo que empieza mal termina mal”, afirmó el dirigente empresarial, al señalar que la iniciativa surgió con una aprobación sorpresiva a inicios de enero, sin consultas previas ni justificación técnica.
Explicó que la propuesta original elevaba la recaudación de cerca de 3,000 millones de pesos a casi 30,000 millones, además de aumentar de forma drástica la tarifa máxima, que pasaba de 260,000 pesos a 10 millones.
El empresario indicó que el Poder Ejecutivo observó la pieza legislativa tras detectar esas modificaciones consideradas desproporcionadas, destacando que pocas veces una ley ha sido devuelta con tantas objeciones.
Asimismo, advirtió que el contexto económico actual no era el adecuado para introducir incrementos de esa magnitud, recordando que recientemente se había aprobado un paquete fiscal con medidas de alivio para las pymes, lo que hacía contradictorio nuevos aumentos de cargas.
Finalmente, Marranzini calificó la aprobación de la reforma como un precedente negativo que debilita la confianza institucional, al considerar que tanto el contenido como el proceso de aprobación representan un error significativo del Congreso Nacional.
