El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, presentó ante el Senado una reforma constitucional destinada a fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
El proyecto, ingresado con suma urgencia, propone ocho modificaciones a la Constitución que deberán ser analizadas por el Congreso en un plazo de 15 días. La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Nuevo estado de excepción
Uno de los principales puntos de la propuesta es la creación de un nuevo estado de excepción, que podría ser decretado por el presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública.
La medida tendría una duración de hasta 120 días, con posibilidad de una prórroga por el mismo período. Una nueva extensión requeriría la aprobación del Congreso. Durante su aplicación, las zonas afectadas quedarían bajo el mando directo de un oficial general designado por el jefe de Estado.
El Ejecutivo también podría restringir la libertad personal y de desplazamiento, limitar los derechos de reunión y asociación, además de autorizar la revisión de documentos y comunicaciones y la requisición de determinados bienes.
Mayores sanciones para condenados
La reforma establece además fuertes restricciones para quienes sean condenados por delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Entre las medidas se contempla la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
Asimismo, estas personas no podrían acceder durante 15 años a penas alternativas a la prisión ni a determinados beneficios penitenciarios, además de enfrentar limitaciones para recibir prestaciones financiadas con fondos estatales.
Medidas contra las organizaciones criminales
El proyecto también busca incorporar a la Constitución la posibilidad de establecer registros de organizaciones criminales. La regulación de estos mecanismos quedaría a cargo de una legislación posterior.
En tanto, el presidente podría declarar que una agrupación es terrorista o forma parte del crimen organizado, aunque para ello necesitaría un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La decisión tendría que ser sometida a votación en el Senado y requeriría el respaldo de dos tercios de los parlamentarios presentes, en una sesión de carácter secreto.
La propuesta surge en medio del avance de las estructuras criminales en Chile, país que, aunque no es un gran productor de drogas, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de estupefacientes hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos debido a su infraestructura portuaria.
El Gobierno considera el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado como una de sus principales prioridades, en un contexto marcado por el aumento de actividades ilícitas y la presencia de organizaciones criminales en distintas zonas del país.
