La conversación sobre Bitcoin y los activos digitales en América Latina suele comenzar por la pregunta equivocada.
¿Debe un país adoptar Bitcoin?
¿Debe permitir criptomonedas?
¿Debe crear una moneda digital?
Son preguntas importantes, pero insuficientes.
La verdadera pregunta para una economía que quiere participar seriamente en la próxima generación financiera es otra:
¿Qué sucede jurídicamente cuando dos personas utilizan un activo digital para intercambiar valor, bienes o servicios?
Ahí comienza una conversación mucho más interesante: la construcción de certeza jurídica para una economía donde el activo, el contrato y la transacción pueden existir simultáneamente en una infraestructura digital.
Porque adoptar tecnología es relativamente sencillo.
Construir confianza alrededor de ella es mucho más difícil.
El próximo capítulo no es tecnológico. Es institucional.
Llevo más de una década trabajando en innovación, desarrollo de ecosistemas y tecnología blockchain, interactuando con actores públicos y privados en distintos mercados.
Recientemente tuve además la oportunidad de participar en Blockchain Rio, una experiencia que volvió a confirmar algo que he observado durante años: la conversación alrededor de blockchain está madurando.
Ya no se trata solamente de exchanges, tokens o especulación.
La conversación está migrando hacia infraestructura financiera, tokenización, identidad digital, trazabilidad, mercados de capitales y nuevas formas de intercambio de valor.
Y eso cambia completamente el papel que debe jugar el Estado.
Bitcoin demostró que es posible transferir valor sin depender necesariamente de una institución financiera tradicional.
Blockchain demostró que determinadas transacciones pueden registrarse y verificarse de manera distribuida.
Los smart contracts demostraron que determinadas condiciones pueden ejecutarse automáticamente.
Pero ninguna de estas tecnologías responde por sí sola una pregunta fundamental:
¿Qué ocurre cuando algo sale mal?
¿Qué ley gobierna una transacción?
¿Quién es propietario del activo?
¿Qué ocurre si una de las partes incumple?
¿Cómo se prueba la existencia de una obligación?
¿Qué jurisdicción tiene competencia cuando comprador, vendedor, infraestructura y activo están en países diferentes?
Y, probablemente la más importante para cualquier empresario:
¿Puedo confiar en que el Estado reconocerá y hará cumplir los derechos que adquirí digitalmente?
Estas preguntas no son anti-crypto.
Son precisamente las preguntas que debemos resolver si queremos que los activos digitales pasen de ser instrumentos utilizados por comunidades especializadas a convertirse en infraestructura económica de uso masivo.
La tecnología puede ejecutar. La ley debe reconocer.
Una de las grandes confusiones alrededor de blockchain es pensar que porque una transacción es técnicamente irreversible, necesariamente es jurídicamente definitiva.
No es lo mismo.
Una blockchain puede demostrar que una transacción ocurrió.
Pero el derecho determina qué significa esa transacción.
Si compro un activo digital y pago por él, necesitamos saber qué derechos adquirí.
Si utilizo tokens para pagar un servicio, necesitamos determinar qué obligaciones existen entre las partes.
Si un smart contract ejecuta automáticamente una operación equivocada, necesitamos saber qué mecanismos existen para resolver la disputa.
Código y ley no son sustitutos. Son capas diferentes de la misma economía.
La primera ejecuta determinadas instrucciones.
La segunda establece derechos, obligaciones y mecanismos de reparación.
La economía digital necesita ambas.
Y algunos países ya están construyendo esa capa
Esto es precisamente lo que me parece interesante de observar en otros mercados.
Paraguay, por ejemplo, aprobó la Ley 7.572/2025 de Mercado de Valores y Productos, cuyo objetivo incluye modernizar el mercado, proteger a los inversionistas y establecer un mercado más equitativo, eficiente y transparente. El propio regulador paraguayo ha señalado que durante 2026 se desarrollará una segunda generación de reglamentación vinculada, entre otros temas, con fondos privados, crowdfunding, tokenización y tecnologías DLT.
Pero el movimiento paraguayo va más allá de una ley.
La Cámara Paraguaya de Blockchain y el equipo detrás de LEGALEDGER, viene impulsando infraestructura blockchain soberana y casos de uso vinculados a documentación, trazabilidad, tokenización y administración pública. La propia Cámara describe LEGALEDGER como una red blockchain soberana desarrollada en Paraguay y orientada a usos corporativos y gubernamentales.
Italia está haciendo algo diferente, pero conceptualmente relacionado.
En 2026 avanzó en la regulación y experimentación del IT-Wallet, un sistema nacional de portafolio digital que integra soluciones públicas y privadas y permite gestionar credenciales y certificaciones digitales dentro de un marco institucional compatible con la evolución europea de identidad digital. Las nuevas reglas fueron publicadas oficialmente en julio y agosto de 2026.
No son exactamente el mismo problema.
Pero representan el mismo cambio de mentalidad:
la infraestructura digital empieza a diseñarse desde la institucionalidad, no solamente desde el mercado.
Y eso importa.
Porque esperar a que todos los estándares internacionales estén perfectamente definidos puede significar esperar demasiado.
Los países que están avanzando están intentando construir certeza local mientras participan activamente en la convergencia internacional.
Brasil nos muestra otra dimensión
Brasil ofrece otro aprendizaje.
No necesitó esperar a que apareciera una “ley perfecta de innovación financiera” para construir empresas capaces de transformar la relación entre consumidores y servicios financieros.
El resultado es visible en compañías como Nubank, que en 2026 supera los 135 millones de clientes en América Latina y continúa invirtiendo agresivamente en infraestructura, inteligencia artificial y nuevos productos financieros.
La lección no es que todos debamos copiar a Brasil.
Es que la infraestructura regulatoria, tecnológica y empresarial se refuerzan mutuamente.
Cuando existe un mercado suficientemente grande, talento, capital, regulación razonablemente predecible e infraestructura digital, aparecen modelos empresariales que antes parecían imposibles.
El verdadero reto para América Latina
Aquí es donde la conversación adquiere una dimensión particularmente importante para nuestra región.
Una startup dominicana puede vender software a México.
Un proveedor argentino puede cobrar en stablecoins.
Un inversionista estadounidense puede financiar una empresa colombiana.
Un desarrollador brasileño puede recibir activos digitales por servicios prestados a una compañía panameña.
La transacción puede ocurrir en segundos.
La legislación aplicable puede tardar años en ponerse de acuerdo.
Ese desbalance es uno de los grandes desafíos de la economía digital.
Y también una oportunidad.
Los países que logren construir marcos regulatorios claros, interoperables y predecibles pueden convertirse en jurisdicciones atractivas para capital, innovación y comercio digital.
No necesitamos inventarlo todo desde cero.
Podemos observar qué están haciendo Paraguay, Brasil, Italia, la Unión Europea y otros mercados, y preguntarnos qué elementos pueden adaptarse a nuestra realidad.
Para República Dominicana, la oportunidad es mayor de lo que parece
Esta conversación llega en un momento particularmente interesante para República Dominicana.
El país está intentando posicionarse como hub regional de servicios, nearshoring, tecnología e innovación.
Estamos construyendo infraestructura digital.
Estamos conectándonos cada vez más con mercados internacionales.
Tenemos una creciente generación de emprendedores y profesionales trabajando con tecnologías globales.
Pero si queremos capturar realmente la próxima ola, necesitamos pensar más allá de la adopción.
Necesitamos certeza jurídica.
Una empresa internacional que evalúa operar desde República Dominicana no solamente pregunta cuánto cuesta instalarse.
Pregunta:
¿Puedo contratar?
¿Puedo cobrar?
¿Puedo transferir valor?
¿Puedo proteger mis activos?
¿Puedo hacer cumplir un contrato?
¿Puedo resolver una disputa?
La confianza jurídica se convierte entonces en infraestructura económica.
Y esa infraestructura puede terminar siendo tan importante como un puerto, un aeropuerto o un cable submarino.
La próxima frontera: jurisdicciones digitales competitivas
No creo que la discusión deba ser crypto versus sistema financiero tradicional.
Tampoco Bitcoin versus regulación.
La conversación debería ser mucho más ambiciosa:
¿Cómo construimos las reglas que permitan que las nuevas formas de intercambio de valor funcionen dentro de nuestras economías sin destruir la confianza que hace posible cualquier mercado?
Eso significa definir reglas para activos digitales.
Reconocer determinadas formas de evidencia digital.
Establecer mecanismos de protección al consumidor.
Determinar derechos de propiedad y custodia.
Facilitar contratos digitales.
Crear mecanismos eficientes de resolución de disputas.
Definir cómo interactúan estas nuevas estructuras con impuestos, mercados de capitales, servicios financieros y comercio internacional.
Y, sobre todo, hacerlo con una regulación que habilite innovación sin convertir al Estado en el dueño de la innovación.
Ese equilibrio será fundamental.
No se trata de llegar primero. Se trata de construir bien.
Después de más de diez años observando y participando en ecosistemas de innovación y blockchain, mi convicción es cada vez más clara:
la próxima ventaja competitiva de nuestros países no será simplemente tener más usuarios de crypto. Será tener mejores instituciones para operar una economía digital.
Por eso reconozco especialmente el trabajo que están haciendo actores públicos y privados en mercados como Paraguay, Brasil e Italia.
No porque sus modelos sean perfectos.
Sino porque están experimentando con algo que América Latina necesita hacer mucho más:
construir infraestructura institucional antes de que la demanda obligue a hacerlo.
Para República Dominicana y el Caribe, esa debería ser la conversación.
No solamente:
“¿Vamos a adoptar Bitcoin?”
Sino:
“¿Qué reglas necesitamos para que una empresa pueda construir, vender, financiarse y comerciar digitalmente desde aquí con la misma confianza con la que lo haría desde cualquier otra jurisdicción competitiva?”
Porque aceptar un activo es una decisión transaccional.
Construir las instituciones que permiten comerciar con ese activo es una decisión de desarrollo económico.
Y ahí, en mi opinión, está la verdadera oportunidad.
La tecnología ya está aquí.
El capital también.
Ahora nos corresponde construir la confianza institucional que permita convertir ambos en crecimiento.
Cairo Arévalo, es Gerente de Innovación y Proyectos Especiales en PROMIPYME, posee más de 15 años de experiencia internacional diversa. Es arquitecto de ecosistemas de innovación: ayuda a gobiernos y organizaciones a estructurar programas, alianzas y modelos de aceleración que convierten talento local en empresas escalables y economías más competitivas. Creador de los ecosistemas de innovación EmprendeLab e I+D Lab. Co-fundó Bullish Labs, una compañía de desarrollo de negocios y marketing en web3 y escribe sobre innovación, ecosistemas y capital en Max Venture Power un newsletter con más de 4000 lectores en LATAM y EEUU.
