El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, después de que el Parlamento lo censurara por no presentarse a una interpelación relacionada con las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica del país.
La salida de Espinoza fue oficializada mediante un decreto presidencial, en el que también se designó de manera interina a Oscar Mario Justiniano, hasta entonces ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, para asumir la conducción de la cartera económica.
Espinoza fue censurado el pasado martes luego de no acudir a la sesión de interpelación convocada por el Legislativo. El ministro había solicitado que la comparecencia fuera reprogramada, argumentando que tenía compromisos oficiales en el departamento de Santa Cruz y un viaje a Brasil.
Sin embargo, su solicitud fue rechazada y 91 de los 129 parlamentarios presentes votaron a favor de la censura.
La legislación boliviana establece que una vez comunicada formalmente la censura al presidente, el ministro cuestionado debe ser separado de su cargo en un plazo máximo de 24 horas. Con base en esta disposición, Paz decidió concretar la destitución.
No obstante, el Gobierno considera que la censura podría ser inconstitucional. Las autoridades sostienen que, de acuerdo con la Constitución, la medida debía contar con el respaldo de dos tercios del total de los integrantes de la Asamblea Legislativa y no únicamente de los parlamentarios presentes durante la sesión.
Tras la censura, Espinoza anunció una acción ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la legalidad de la decisión y su posible destitución.
El decreto firmado por Paz señala que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto programó para el próximo 24 de agosto una audiencia para analizar el recurso presentado. Sin embargo, el Ejecutivo indicó que no recibió información sobre alguna medida cautelar que suspendiera los efectos de la censura.
Por ese motivo, el Gobierno determinó proceder con la destitución, aunque dejó abierta la posibilidad de que el ministro sea restituido dependiendo de la resolución que adopte la justicia constitucional.
La situación recuerda casos anteriores ocurridos durante los gobiernos de Luis Arce y Jeanine Áñez, quienes también destituyeron a ministros después de ser censurados por el Parlamento y posteriormente los reincorporaron a sus funciones. Esta práctica ha generado cuestionamientos de sectores críticos, que consideran que podría debilitar el carácter vinculante de la censura parlamentaria.
