Antes de discutir libertad, igualdad o cualquier otro derecho, toda sociedad enfrenta una pregunta que antecede a las demás: ¿qué es lo primero que está llamada a proteger? La respuesta, para mí como abogado y como católico, es clara y no admite ambigüedad: sin vida humana, ningún otro derecho tiene sentido ni puede ejercerse.
No se trata solamente de una convicción de fe, aunque en mi caso lo sea profundamente; es también una conclusión a la que ha llegado la filosofía política a lo largo de los siglos. Desde Aristóteles sabemos que la polis existe para hacer posible una vida buena y justa; el Estado no surge solo para administrar impuestos o construir infraestructura, sino para crear las condiciones que permitan a las personas desarrollarse como seres humanos. Siglos después, Thomas Hobbes sostuvo que la primera razón para abandonar el estado de naturaleza era escapar de una existencia marcada por la violencia y proteger la propia vida. John Locke, por su parte, identificó la vida, la libertad y la propiedad como derechos naturales anteriores al Estado, cuya función consiste en garantizarlos, no en concederlos ni en decidir a quién le pertenecen. Aunque estos autores discreparon en muchos aspectos, coincidieron en algo que hoy me parece urgente recordar: una sociedad pierde su razón de ser cuando deja de proteger la vida de quienes la integran, incluida la vida que todavía no tiene voz para defenderse.
Detrás de cada régimen que decidió que unas vidas valían menos que otras, hubo personas concretas —vecinos, familias, comunidades enteras— a quienes se les negó primero la protección y después todo lo demás. Cuando una sociedad acepta que unas vidas valen menos que otras, la igualdad deja de ser un principio; cuando el derecho a vivir depende de la voluntad del más fuerte, o de la conveniencia de otro, la libertad se convierte en privilegio; cuando la dignidad humana deja de ser inviolable, el Estado de derecho se erosiona desde sus cimientos. Esta lección no es solo histórica: se juega hoy, en cada sociedad que discute hasta qué punto merece protección una vida que apenas comienza.
Por eso las constituciones democráticas no colocan la vida entre muchos derechos, sino como el presupuesto de todos ellos. La Constitución de la República Dominicana reconoce la dignidad humana como fundamento del orden jurídico y protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Subrayo esa frase —desde la concepción— porque no es un detalle técnico: es el reconocimiento de que la vida humana merece protección desde su primer instante, no desde que alguien decide que ya cuenta. La misma lógica inspira el derecho internacional: la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana y reconoce el derecho a la vida como uno de los pilares del sistema de protección de derechos fundamentales. Sin vida no puede ejercerse la libertad de expresión, la educación, la participación política, la propiedad, la salud ni el trabajo. No es, entonces, una cuestión de jerarquía moral entre derechos, sino de prioridad lógica y también moral: la vida hace posibles todos los demás, y por eso defenderla —toda ella, desde la concepción hasta la muerte natural— no es una postura entre otras, sino el punto de partida de cualquier sociedad que se diga justa.
Aquí es donde la doctrina social de la Iglesia, lejos de ser un argumento aparte, ilumina y da hondura a todo lo anterior. Para la tradición cristiana que profeso, toda persona posee una dignidad inviolable por haber sido creada a imagen de Dios, y de esa dignidad deriva el deber de proteger toda vida humana, especialmente la más vulnerable: el no nacido, el enfermo terminal, el anciano, el que ya no puede defenderse por sí mismo. San Juan Pablo II lo llamó el Evangelio de la vida, y no por casualidad: donde la razón concluye que la vida es el primer bien, la fe añade que esa vida es además sagrada, recibida y no fabricada, un don que ninguna autoridad humana tiene derecho a suprimir. El camino de la razón y el camino de la fe, sin ser argumentos idénticos, convergen aquí en una misma conclusión, y esa convergencia es, para mí, motivo de esperanza: la filosofía política afirma que ninguna comunidad puede sostenerse si deja de proteger la vida; el constitucionalismo la reconoce como presupuesto del orden jurídico; los derechos humanos la consideran fundamento del sistema internacional de protección; y mi fe me recuerda, además, que toda vida posee un valor que ninguna autoridad puede desconocer, negociar ni condicionar.
Sostener esto no significa imponer una religión ni cerrar el debate público; significa, precisamente, hacerlo posible. Las democracias verdaderas necesitan algunos consensos básicos para que el pluralismo no se convierta en un campo donde todo, incluida la vida ajena, quede a merced de la mayoría de turno. Como católico, no pretendo que todos compartan mi fe para llegar a esta conclusión; pido, sí, que reconozcamos juntos —creyentes y no creyentes— que existe una vida antes de cualquier opinión sobre ella, y que esa vida merece protección aun cuando resulte incómoda, inoportuna o difícil de defender en un debate público. Las sociedades pueden discutir sus modelos económicos, reformar sus instituciones, cambiar sus gobiernos; pero el día que dejen de reconocer que la vida —toda vida, desde la más frágil— es el primer bien que el derecho debe proteger, comenzarán a perder el fundamento sobre el cual descansan todos los demás derechos.
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la intensidad de sus debates, sino por la firmeza con la que protege a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Ser pro vida, para mí, no es una posición política entre otras: es la manera más elemental de honrar aquello que hace posible que exista una sociedad, un debate, una libertad que ejercer. Defender la vida es, sencillamente, defender todo lo demás.
