El Gobierno de Colombia puso fin a las conversaciones de la denominada ‘paz total’ con varios grupos armados ilegales, una decisión que marca un cambio frente a la estrategia implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La medida fue oficializada mediante varias resoluciones expedidas el viernes por la noche, en las que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó terminar las mesas de diálogo con diferentes organizaciones armadas debido, según las autoridades, a la falta de voluntad para avanzar hacia la paz.
Entre los grupos afectados se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
En los documentos oficiales, el Ejecutivo señaló que es facultad del presidente de la República determinar con qué organizaciones, cuándo y bajo qué condiciones se pueden desarrollar acercamientos y conversaciones de paz.
También revocan acreditaciones
Tras anunciar el cierre de las mesas, la Presidencia también retiró las acreditaciones de los representantes del Gobierno que participaban en las negociaciones y dejó sin efecto el reconocimiento otorgado a los delegados de los grupos armados.
Armando Novoa, quien se desempeñaba como jefe negociador del Gobierno en las conversaciones con la CNEB, calificó la decisión como un “acto innecesario”, al señalar que los representantes habían presentado su renuncia irrevocable el pasado 6 de agosto, antes de la llegada de De la Espriella a la Presidencia.
La decisión supone un nuevo rumbo en la política de seguridad y negociación con grupos armados en Colombia. La estrategia de ‘paz total’, impulsada por Petro, contemplaba conversaciones con distintas disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos criminales.
Sin embargo, varios de esos procesos enfrentaron dificultades y terminaron suspendidos ante los enfrentamientos, incumplimientos y la falta de avances concretos en las negociaciones.
Antes de asumir el cargo, De la Espriella había adelantado que su Gobierno no ofrecería “concesiones inaceptables” a las organizaciones ilegales. Durante su discurso de posesión, el mandatario afirmó además que la opción del diálogo con estos grupos estaba “completamente agotada”.
Con el cierre de estas mesas, el nuevo Gobierno colombiano deja atrás uno de los principales pilares de la administración anterior y adopta una posición más estricta frente a las organizaciones armadas ilegales.
