Una jueza federal de Estados Unidos desestimó este lunes el requerimiento de la Administración de Donald Trump para levantar el bloqueo temporal que ella misma había impuesto a la reforma destinada a restringir el voto por correo, al considerar que es prácticamente imposible aplicarla antes de las elecciones de noviembre.
La magistrada Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, argumentó que la medida cautelar de suspensión no puede ser apelada de inmediato porque ya había establecido un calendario acelerado que fija para el 3 de septiembre una vista para determinar la validez de dicha orden.
Por tanto, la suspensión continúa en vigor e impide al Servicio Postal de EE. UU. (USPS) imponer los requisitos impugnados de la reforma de Trump que afectan al formato de los sobres y a los datos de los votantes.
Medida cautelar y demanda de estados
La medida cautelar, aplicada el pasado jueves, responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la normativa final del USPS y contra la orden ejecutiva aprobada en marzo por el presidente Trump.
La orden condicionaba el envío de papeletas a votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales y por el Servicio Postal, con el argumento de evitar el fraude electoral.
Trump instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados, mientras que el USPS debía redactar otra relación de votantes elegibles para recibir las papeletas por correo.
Debate sobre fraude y seguridad electoral
La normativa ha enfrentado múltiples litigios en tribunales federales. Organizaciones civiles y gobiernos estatales sostienen que la medida restringe el acceso al voto y genera obstáculos logísticos imposibles de implementar en el corto plazo.
Analistas y expertos han reiterado que los casos de fraude electoral en EE. UU. son insignificantes, con registros mínimos en comparación con el volumen de votos emitidos en procesos anteriores.
La jueza Talwani subrayó que la suspensión se mantiene hasta que se celebre la audiencia programada, momento en el que se evaluará si la orden ejecutiva puede aplicarse o debe quedar definitivamente bloqueada.
