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Medio Ambiente afirma que puede paralizar obras en riberas protegidas sin orden judicial

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó que cuenta con las facultades legales para intervenir y paralizar construcciones levantadas dentro de las franjas de protección de ríos y otros cuerpos de agua, sin necesidad de una orden judicial previa.

La aclaración fue realizada por Juan Aquino, jurídico de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, durante un operativo efectuado en una villa turística construida en las inmediaciones del río Yaque del Norte, en la comunidad de Las Guámaras, Jarabacoa.

Aquino respondió a los cuestionamientos formulados por los abogados del propietario de la obra y sostuvo que la legislación ambiental permite a las autoridades actuar directamente en espacios considerados de dominio público.

El representante legal citó la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, específicamente el artículo 129, como parte del marco jurídico que respalda las acciones de fiscalización y control en las áreas protegidas y franjas de reserva.

Durante el operativo, las autoridades advirtieron que, si no se mantiene el acuerdo preliminar alcanzado con el propietario, identificado como el señor Riva, se podría reanudar el proceso de demolición de las estructuras ubicadas dentro del área restringida.

El acuerdo contempla que el propietario ceda voluntariamente al Estado la franja frontal del inmueble que se encuentra dentro del perímetro de protección, con el propósito de destinar ese espacio a un uso comunitario y evitar una demolición inmediata.

Intervienen nueve estructuras

La actuación en Las Guámaras formó parte de una jornada de fiscalización desarrollada en Jarabacoa, donde el Ministerio de Medio Ambiente intervino al menos nueve estructuras ubicadas dentro de las distancias establecidas como zonas de protección.

En la provincia Monseñor Nouel, las autoridades también demolieron una edificación construida dentro de la franja de protección del río Maimón.

Una inspección técnica determinó que tres de los seis vértices de la construcción estaban dentro de los 30 metros establecidos como zona de protección para las corrientes fluviales.

Según el expediente, los trabajos habían sido paralizados formalmente en agosto de 2025 y nuevamente en 2026, pero los responsables continuaron con la construcción pese a las disposiciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, los inspectores localizaron otra edificación en proceso de construcción dentro del margen protegido de un cauce, por lo que fueron aplicadas las medidas cautelares correspondientes.

En el operativo realizado en Jarabacoa participaron alrededor de 50 agentes de fiscalización ambiental, quienes llevaron a cabo labores de inspección y supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que continuará actuando contra las construcciones que ocupen las franjas de protección de los ríos y otras áreas de dominio público.

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