El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia ordenó prisión preventiva para seis directivos de Ueno Bank, investigados por un presunto esquema de operaciones crediticias irregulares, préstamos sin garantías suficientes y transferencias millonarias entre empresas vinculadas.
La medida fue impuesta contra Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Pedro Daniel Rey, Alejandro Gómez, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada, quienes deberán permanecer recluidos en un establecimiento penitenciario.
En el caso de otras dos mujeres procesadas, el magistrado dispuso arresto domiciliario con dispositivos de monitoreo electrónico, debido a que ambas tienen hijos pequeños.
Estigarribia también ordenó a las autoridades penitenciarias evitar que los imputados permanezcan en una misma celda y estableció la prohibición de comunicación entre ellos.
Las medidas forman parte de la causa que involucra a 27 personas, entre directivos bancarios, empresarios y representantes de distintas sociedades comerciales, y constituyen las primeras decisiones cautelares personales adoptadas en el proceso.
Fiscalía investiga préstamos y transferencias entre empresas
La imputación del Ministerio Público describe un presunto esquema de operaciones financieras que habría comprometido los activos de Ueno Bank durante 2025 y 2026.
Según la hipótesis fiscal, desde la estructura directiva de la entidad se habrían autorizado préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico, pese a que algunas no reunían condiciones financieras suficientes para asumir esos compromisos.
Entre las sociedades mencionadas en la investigación figuran MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., que inicialmente aparecían como vinculadas a Ueno Bank.
De acuerdo con la imputación, en octubre de 2025 el banco solicitó al organismo supervisor que esas empresas dejaran de integrar dicha clasificación, sin presentar documentación suficiente para respaldar la petición.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la entidad continuó otorgándoles préstamos y habilitando sobregiros, pese a que no existía una autorización formal de la Superintendencia de Bancos para concretar la desvinculación.
Los investigadores cuestionan las condiciones de esos financiamientos, entre ellas la supuesta falta de garantías reales suficientes, los montos concedidos en relación con la capacidad económica de las prestatarias, los plazos de los créditos y las deficiencias en los análisis de riesgo.
Fondos habrían sido transferidos a otras sociedades
Otro aspecto central de la investigación es el destino de los recursos desembolsados por Ueno Bank.
La hipótesis fiscal plantea que parte del dinero otorgado a las empresas prestatarias era transferido casi inmediatamente a otras sociedades relacionadas con el grupo económico, entre ellas ITTI S.A.E.C.A., REDISA y REDIPRO.
Según el Ministerio Público, esos fondos habrían servido para cancelar sobregiros, cubrir obligaciones financieras, pagar facturas y atender compromisos de otras compañías vinculadas.
En el caso de Grupo M S.A., la documentación analizada habría permitido identificar transferencias de los préstamos hacia ITTI, Red Digital S.A. y KAITEL S.A.
La Fiscalía también cuestiona la capacidad de pago de las empresas beneficiarias. Como ejemplo, señala que Grupo M registraba pasivos por G. 126.776 millones frente a un patrimonio neto de G. 5.327 millones, una relación que los investigadores consideran indicativa de un elevado nivel de endeudamiento.
La investigación busca establecer si los créditos concedidos financiaban las actividades de las empresas que los recibían o si, por el contrario, eran utilizados para cubrir compromisos financieros de otras sociedades del mismo entorno empresarial.
