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El Ministerio Público denunció este lunes que la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre estaría utilizando presuntos problemas de salud como táctica dilatoria para frenar el avance del juicio por corrupción administrativa en el caso Operación Coral.
La audiencia, en la que se esperaba continuar con la presentación de pruebas de las defensas, fue aplazada nuevamente tras la entrega de una licencia médica de 45 días por parte de Cáceres Silvestre. Su defensa solicitó además que su expediente sea desglosado del proceso principal, lo que podría retrasar aún más un juicio que ya se encuentra en su fase final.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que se solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la conformación de una junta médica para verificar la autenticidad de la licencia, que no incluye historial clínico ni detalla el procedimiento médico que justifique el prolongado reposo.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el 3 de noviembre y ordenó a la defensa presentar la documentación médica correspondiente.
Un caso millonario en su recta final
El proceso judicial, que lleva más de dos años en los tribunales, está a la espera de que las defensas concluyan su presentación para dar paso a las réplicas. Desde el 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas contra Cáceres Silvestre, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados.
Entre las evidencias figuran 2,201 documentos, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y 104 pruebas materiales, incluyendo armas, relojes de lujo, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. El expediente detalla además 214 propiedades, 86 vehículos de alta gama y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso.
Los bienes incautados han generado ingresos superiores a RD$86 millones por concepto de alquileres y producción agrícola, reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red de corrupción integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que entre 2012 y 2020 habría desviado más de RD$4,500 millones de fondos públicos provenientes del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
