Familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro de diversión Jet Set interpusieron una demanda patrimonial contra el Estado dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, a quienes acusan de negligencia grave y omisiones ilegales que, aseguran, incidieron directamente en la magnitud del desastre.
La acción legal, depositada el 29 de enero de 2025 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, reclama una indemnización total de RD$1,983,670,353.96, desglosada en RD$909,949,854.05 por daños materiales y RD$1,073,720,499.91 por daños morales.
De acuerdo con los demandantes, tanto el Estado —a través del entonces Ministerio de Vivienda y Edificaciones— como el cabildo del Distrito Nacional incumplieron sus deberes de fiscalización y supervisión, lo que habría contribuido a la muerte de nueve personas y a las graves lesiones sufridas por una sobreviviente.
Las víctimas mortales identificadas en la demanda son César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.
No se incluye a la alcaldesa Carolina Mejía
Aunque la demanda sí involucra al exministro Carlos Bonilla, los familiares explicaron que no se accionó legalmente contra la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, debido a que la responsabilidad administrativa directa recaía sobre Christian Alejandro Tejada Pichardo, entonces director de Planeamiento Urbano, quien falleció durante el colapso.
Los representantes legales sostienen que el propio Ministerio Público, apoyado en peritajes técnicos incorporados a la acusación penal, determinó que el Estado violó múltiples disposiciones legales relacionadas con la inspección y seguridad de edificaciones. Entre las normativas citadas figuran la Ley 674 de 1944, la Ley 6232 de 1963, el Decreto 596-06 y la ley que dio origen al Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Según los demandantes, estas omisiones estatales facilitaron una tragedia de dimensiones históricas, que dejó 236 personas fallecidas, más de 100 heridos y cientos de familias afectadas emocional y económicamente.
Cuestionan postura del Gobierno
Los familiares rechazaron las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien al referirse al caso habló de un supuesto “vacío legal” en la regulación de establecimientos como el Jet Set. Aseguran que el marco normativo existía y era suficiente, y que esa afirmación buscó deslindar al Estado de su responsabilidad.
También denunciaron que la comisión investigadora anunciada por el mandatario nunca fue formalmente designada, lo que —según indicaron— obstaculizó el esclarecimiento de los hechos y retrasó la adopción de medidas concretas.
Finalmente, afirmaron que el Gobierno no ha implementado acciones de reparación ni asistencia para los huérfanos, viudos, viudas y demás familiares que quedaron en situación de vulnerabilidad, por lo que aseguran haber enfrentado solos las secuelas emocionales y económicas de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país.
