El juicio por el caso Odebrecht en Panamá concluye este viernes tras semanas de audiencia, en las que la Fiscalía ha vinculado al expresidente Ricardo Martinelli y a su círculo cercano con la supuesta red de sobornos de la constructora brasileña.
La jueza podrá tomar hasta 30 días para emitir sentencia por el delito de blanqueo de capitales, presuntamente cometido mediante estructuras en terceros países. La Fiscalía presentó pruebas del Departamento de Justicia de EE.UU., la Policía de Andorra y delaciones de colaboradores brasileños, haciendo también referencia al juicio de Odebrecht en Estados Unidos, en el que los hijos de Martinelli fueron condenados por haber pagado sobornos bajo órdenes de su padre.
Se solicitó condena para 16 procesados, incluyendo a Martinelli y varios exministros de su gobierno (2009-2014), mientras que para otras cinco personas se pidió fallo absolutorio.
Martinelli, asilado en Colombia tras una condena por otro caso de corrupción, participó de manera virtual en el juicio. La Fiscalía sostuvo que él habría recibido sobornos de forma más amplia que el resto de los implicados, coordinando directamente con colaboradores y ministros.
Entre los implicados también se encuentran sus hermanos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, y el expresidente Juan Carlos Varela, quienes enfrentarán el proceso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su fuero especial como miembros del Parlamento Centroamericano.
El esquema de corrupción, según la Fiscalía, involucró blanqueo de dinero obtenido de sobornos para adjudicaciones de obras públicas y donaciones políticas mediante sociedades en países como Suiza y Andorra, empresas, bancos y testaferros.
Desde que se abrió la investigación en 2015, el caso pasó por varios periodos de archivo y reapertura, y culminó en 2018 tras las confesiones de Odebrecht en EE.UU., que admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en varios países, incluidos más de 80 millones en Panamá. La empresa fue multada con 220 millones de dólares, de los cuales ya ha pagado 78 millones, mientras que la Fiscalía ha recuperado 16 millones en Panamá y 43 millones en jurisdicciones extranjeras.
