El presidente de Chile, José Antonio Kast, analiza la posibilidad de conceder indultos a policías y militares condenados por abusos durante la represión de las protestas de 2019, la mayor crisis social desde el fin de la dictadura, según confirmó este viernes su Gobierno.
La vocera del Ejecutivo, Mara Sedini, señaló que la medida se revisa caso por caso, y que el presidente anunciará cuáles serán los indultos cuando termine la evaluación, tras la primera reunión de su nuevo gabinete.
En una entrevista con Canal 13, Kast afirmó que Chile atravesó un período de “violencia extrema”, donde algunas personas recibieron compensaciones por daños físicos, mientras otros agentes de seguridad terminaron en prisión por cumplir órdenes del Estado.
Contexto del estallido social
Las manifestaciones comenzaron en octubre de 2019 en Santiago de Chile por el aumento del precio del metro y rápidamente se transformaron en una protesta masiva contra la desigualdad y en demanda de mayores derechos sociales, considerada la crisis más grande desde el retorno a la democracia.
El estallido combinó marchas pacíficas con episodios de violencia, saqueos y destrucción de bienes públicos, dejando alrededor de 30 muertos y miles de heridos, incluidos más de 450 casos de trauma ocular, según datos de la Fiscalía.
Organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, y diversas entidades defensoras de derechos humanos, acusaron a las fuerzas de seguridad de cometer abusos durante la represión.
Críticas desde la oposición
La posibilidad de que Kast indulte a miembros de las fuerzas de seguridad ha provocado fuertes reacciones en la izquierda y centroizquierda.
La senadora independiente Fabiola Campillai, que quedó ciega tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena, pidió al presidente respetar las decisiones de los tribunales.
El diputado Gustavo Gatica, también víctima de la brutalidad policial, criticó la medida y recordó un proyecto de ley que busca arresto domiciliario para presos mayores o enfermos, lo que podría beneficiar a responsables de abusos graves.
Datos de la Fiscalía
El Informe Estadístico del Estallido Social registró:
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Más de 35.000 delitos
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Más de 21.700 imputados
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Más de 20.700 víctimas
Los delitos más frecuentes fueron: violencia institucional (34%), saqueos y daños a la propiedad (31,7%) y desórdenes públicos (22,7%).
La eventual decisión de indultar a policías y militares podría intensificar el debate político y social sobre justicia, responsabilidad estatal y reconciliación tras la crisis más significativa en la historia reciente de Chile.
