El Gobierno del presidente Nayib Bukele presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional que permitiría la aplicación de la cadena perpetua en el país.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, plantea modificar el artículo 27 de la Constitución, el cual actualmente prohíbe las penas perpetuas. Con el cambio, esta sanción podría imponerse exclusivamente a personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo, incluyendo a miembros de pandillas.
La nueva redacción establece que la cadena perpetua sería una medida excepcional dirigida a estos delitos de alta gravedad. Asimismo, el funcionario adelantó que, de aprobarse la reforma, será necesario ajustar diversas leyes, como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo, para alinearlas con el nuevo marco constitucional.
Proceso legislativo y respaldo político
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que el órgano legislativo seguirá el procedimiento correspondiente para aprobar la reforma, la cual podría ser avalada en un corto plazo y posteriormente ratificada.
Desde 2025, el Congreso —controlado por el partido oficialista Nuevos Ideas— cuenta con la facultad de aprobar y ratificar reformas constitucionales en una misma legislatura, siempre que se obtenga el voto favorable de al menos 45 de los 60 diputados.
La propuesta ha generado inquietudes entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles abusos en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Dicho régimen, implementado para combatir a las pandillas, ha llevado a la detención de más de 91,000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estos grupos. Sin embargo, informes señalan que al menos 500 detenidos han fallecido bajo custodia estatal, lo que ha encendido las alarmas a nivel nacional e internacional.
Contexto: seguridad y reformas en El Salvador
El Salvador ha sido históricamente uno de los países más afectados por la violencia de pandillas en América Latina. En respuesta, la administración de Bukele ha impulsado una política de mano dura que ha reducido significativamente los índices de homicidios, pero también ha sido objeto de críticas por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
La propuesta de introducir la cadena perpetua se enmarca en esta estrategia de endurecimiento penal y busca reforzar el castigo contra delitos considerados de mayor gravedad. No obstante, el debate continúa entre quienes la ven como una herramienta necesaria para la seguridad y quienes alertan sobre sus implicaciones legales y humanitarias.
