El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores afirmaron ante un tribunal federal de Nueva York que no cuentan con recursos económicos para financiar su defensa en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos.
A través de sus abogados, ambos señalaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez así lo solicita, con el objetivo de respaldar su petición de desestimar la acusación o, en su defecto, revisar las condiciones del proceso judicial.
La defensa sostiene que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impedido que el Gobierno venezolano pueda cubrir los honorarios legales, lo que —según alegan— vulnera su derecho constitucional a elegir libremente a sus abogados.
El caso se desarrolla en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y Flores se declararon previamente no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y conspiración.
Los abogados argumentan que obligarlos a aceptar defensa pública no constituye una solución válida, ya que limitaría su derecho a una representación legal de su elección, protegido por la Constitución estadounidense.
La próxima audiencia del proceso está prevista para finales de marzo, en medio de un caso que ha generado amplias repercusiones políticas y jurídicas tanto en Estados Unidos como en Venezuela.
