En cualquier democracia moderna, la tensión entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional es inevitable y hasta saludable, siempre que se resuelva dentro de los cauces institucionales. El Congreso representa la voluntad popular en su expresión más directa: los diputados y senadores son elegidos para traducir las aspiraciones del pueblo en leyes. El Tribunal Constitucional, por su parte, tiene el mandato de garantizar que esas leyes no excedan los límites que la propia Constitución impone. Cuando ambos poderes funcionan con respeto recíproco, el resultado es un Estado de Derecho robusto.
Pero en la República Dominicana hemos vivido episodios en que esa tensión se convierte en confrontación abierta. El Legislativo, inconforme con una sentencia constitucional, ha intentado reinterpretar o modificar leyes para rodear el fallo. El Tribunal, a su vez, ha extendido su radio de acción hasta territorios que algunos congresistas consideran su reserva exclusiva. El resultado no es solo un conflicto jurídico: es una crisis de legitimidad que sacude la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando el pueblo observa que quienes hacen las leyes y quienes las custodian se disputan el poder como si fuera un bien privado, la fe en la democracia se erosiona silenciosamente.
América Latina ofrece ejemplos dolorosos de lo que ocurre cuando esta tensión se desborda. En Venezuela, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo llegaron a emitir resoluciones contradictorias durante años, paralizando al Estado y allanando el camino para el autoritarismo. En Ecuador, los choques entre el ejecutivo, el legislativo y la justicia constitucional durante la primera década de este siglo produjeron una inestabilidad que costó al país tres presidentes en una sola década. En Bolivia, las reinterpretaciones constitucionales bajo presión política convirtieron al Tribunal en instrumento de perpetuación en el poder. En todos esos casos, la fragilidad institucional se aprovechó para introducir reformas que beneficiaban a actores concretos, no al sistema democrático en su conjunto.
La República Dominicana no está inmune a ese contagio. Cada vez que nuestro Congreso y nuestro Tribunal Constitucional entran en colisión sin solución institucional clara, dejamos una puerta entreabierta para que alguien, con o sin buenas intenciones, aproveche el desorden. Y es precisamente en ese contexto de fragilidad donde proponer candidaturas independientes resulta no solo imprudente, sino francamente irresponsable.
