La jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conocerá este martes, a las 2:00 de la tarde, la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público.
Recusación rechazada
La defensa del fiscal, encabezada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano, recusó a la magistrada para evitar que conociera la coerción. El recurso fue remitido a la Suprema Corte de Justicia, pero el tribunal de segunda instancia se declaró incompetente y decidió reenviar el caso al pleno de la Corte de Apelación.
Tras la revisión, la Corte rechazó la recusación y procedió a fijar la audiencia para este 5 de mayo.
Argumentos de la defensa
Los abogados alegaron que la jueza participó en un elemento clave de prueba dentro del proceso, específicamente en la entrega controlada del dinero del soborno, lo que, a su juicio, la limita para conocer el caso.
“Ella tuvo contacto con el dinero, con videos y con evidencias que ni siquiera la defensa ha tenido acceso”, explicó la barra de defensa, al considerar que esa participación constituye un conocimiento previo del fondo del caso y compromete su objetividad.
Solicitud del Ministerio Público
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara cumpla un año de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Según el órgano acusador, el fiscal fue arrestado en flagrante delito la noche del pasado 27 de marzo, durante una entrega controlada autorizada por un juez, en la que se le ocuparon los dólares señalados.
De acuerdo con la acusación, el imputado habría exigido inicialmente US$200,000, cifra que luego redujo a US$150,000, además de mostrar interés en un reloj Rolex y solicitar un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
El Ministerio Público sostiene que el fiscal pidió dinero a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
Política institucional
El caso es dirigido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha reiterado la política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.
