La situación en Haití continúa deteriorándose de forma alarmante debido al incremento de la violencia ejercida por pandillas armadas, el colapso de los servicios básicos y la limitada respuesta de la comunidad internacional, según denunció Amnistía Internacional.
La organización advirtió que el país atraviesa una crisis cada vez más grave, marcada por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras esenciales como hospitales y escuelas, en un contexto de temor generalizado entre la población civil.
De acuerdo con datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en los primeros tres meses del año se registraron al menos 1,642 muertes y 745 personas heridas. Las pandillas serían responsables de una parte significativa de la violencia, mientras que las operaciones de seguridad también han contribuido a un alto número de víctimas, incluyendo civiles.
Crisis humanitaria en expansión
La emergencia no solo es de seguridad, sino también humanitaria. Se estima que alrededor de 5.8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa, lo que representa más de la mitad de la población del país.
Asimismo, cerca de 1.4 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares en el último año debido a la expansión del control territorial de grupos armados, especialmente en zonas clave como Puerto Príncipe.
La violencia ha provocado además el cierre de escuelas, la destrucción de hospitales y la interrupción de servicios esenciales, dejando a miles de niños sin acceso a educación ni atención médica.
Infancia en riesgo y críticas internacionales
Amnistía Internacional alertó que la niñez haitiana es una de las más afectadas por la crisis, viviendo en un entorno de constante inseguridad. Ante esta situación, la organización propuso la creación de un plan nacional centrado en la protección infantil, con acceso a salud, educación, justicia y programas de apoyo psicosocial.
La entidad también cuestionó la eficacia de la respuesta internacional y pidió mayor transparencia en las acciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por las Naciones Unidas.
Preocupación por uso de drones
Otro punto de preocupación señalado por la organización es el uso de drones armados en operaciones de seguridad. Según los reportes, decenas de personas habrían muerto en estos ataques en los primeros meses del año, lo que genera dudas sobre posibles violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional advirtió que este tipo de tácticas puede aumentar el riesgo para la población civil y reiteró que cualquier estrategia de seguridad debe respetar el derecho internacional y priorizar la protección de vidas humanas.
