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La exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germania Montás, criticó recientemente el proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno, asegurando que es una “oportunidad desperdiciada” para transformar y modernizar el sistema tributario del país. Según Montás, esta reforma se enfoca en aumentar los impuestos a los consumidores y personas físicas, lo que, en su opinión, representa un esfuerzo mínimo y una falta de equidad en el sistema.
Montás calificó la reforma de “mangos bajitos”, señalando que se están tomando medidas que benefician lo fácil, pero no generan un cambio estructural. Destacó que el proyecto no toma en cuenta la capacidad contributiva de las personas físicas, lo cual impide aplicar deducciones que podrían generar una renta gravada más justa y acorde con la realidad económica de cada contribuyente.
Además, la exfuncionaria expresó su preocupación por la eliminación total de las leyes de incentivos, considerándola una decisión precipitada. Aseguró que algunas de estas leyes, si se revisan y ajustan adecuadamente, pueden ser beneficiosas para la economía, ya que impulsan ciertos sectores y fomentan la inversión. Montás insistió en la necesidad de mejorar el control tributario y eliminar distorsiones en el sistema, en lugar de eliminar estas herramientas que, según ella, podrían funcionar si se optimizan.
En cuanto a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Montás indicó que las propuestas contenidas en la reforma no son innovadoras, ya que se basan en disposiciones que ya están en vigor desde 2006. La exsubdirectora subrayó la falta de nuevos mecanismos efectivos para abordar estos problemas, sugiriendo que el proyecto no presenta soluciones concretas ni renovadas para enfrentar los desafíos en la recaudación fiscal.
Montás destacó que el proyecto de reforma fiscal podría haber sido una oportunidad para corregir las distorsiones actuales y mejorar la productividad del Impuesto Sobre la Renta de las Sociedades, sin embargo, consideró que la reforma propuesta no representa una solución integral a los problemas estructurales del sistema tributario dominicano.
