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Este martes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela emitió un contundente informe que sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro ha perpetrado “crímenes de lesa humanidad” en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El documento de 158 páginas, que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, detalla cómo la represión política y la persecución de opositores han marcado este proceso electoral. La comunidad internacional sigue atenta a estas denuncias, que revelan un escenario de violencia y hostilidad en el país.
El informe señala que las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos el SEBIN y la DGCIM, así como la Guardia Nacional y la Policía Nacional, han estado implicadas en violaciones graves de derechos humanos. Según la misión, estas entidades han llevado a cabo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y actos de violencia sexual y de género, utilizando tácticas de represión masiva.
Las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno, especialmente tras las elecciones, han sido consideradas como incitaciones a la violencia y a un ambiente de hostilidad. Además, se critica al Consejo Nacional Electoral (CNE) por no cumplir con las normas básicas de transparencia y al sistema judicial por operar sin independencia, lo que agrava la crisis de derechos humanos en el país.
Desde 2019, la misión ha documentado serias violaciones de derechos humanos por parte del régimen, pero destaca que la represión se intensificó durante el periodo electoral. En los diez meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración, y durante la campaña electoral, se registraron 121 arrestos por supuestas actividades opositoras, lo que revela un patrón de represión selectiva contra militares, políticos y activistas.
