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En la tarde del martes 2 de octubre, la Procuraduría General de la República llevó a cabo su primer interrogatorio al empresario José (Jochi) Gómez Canaán, relacionado con las operaciones de su compañía, Transcore Latam. Esta firma está bajo la lupa por su papel en la modernización y gestión del Sistema Integral de Control de Tráfico y la Red Semafórica en el Gran Santo Domingo.
Casi al caer la noche, se informó que Gómez había sido detenido en las instalaciones del Ministerio Público. Simultáneamente, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien fue arrestado por su implicación en la licitación ganada por Transcore Latam.
Entre el miércoles y el jueves, el Ministerio Público anunció la activación de la “Operación Camaleón”, que resultó en la detención de Gómez, Beras y otros cinco individuos. Estos están acusados de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa al Estado en el marco de contratos públicos.
Ocho días después del inicio de esta operación, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se pronunciará sobre la solicitud de prisión preventiva para los siete acusados, como demandan las autoridades. La audiencia, que se llevó a cabo durante dos días, se reanudará este jueves a las 3:00 p. m.
Mientras se espera el veredicto, el Ministerio Público continúa firme en su petición de que los implicados enfrenten 18 meses de prisión como medida cautelar. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que han presentado 245 pruebas contundentes, enfatizando que estos elementos justifican la solicitud de prisión.
