Santo Domingo, RD. – Desde su promulgación en 2017, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tenía como uno de sus principales objetivos la eliminación de la duplicidad de funciones entre las instituciones oficiales encargadas del transporte y el tránsito en el país. Sin embargo, aunque algunas entidades fueron fusionadas o transformadas, otras nuevas se han creado, lo que ha resultado en una complejidad institucional que no ha logrado resolver los problemas del caos vial en las principales ciudades del país.

Al momento de la creación de la ley, existían 12 instituciones relacionadas con el sector, mientras que hoy son 11. Aunque algunas fueron disueltas, otras fueron creadas o reestructuradas. Entre los cambios más significativos, la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) fue transformada en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) pasó a ser una empresa del Estado conocida como Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Entidades Actuales del Sector

A pesar de los esfuerzos de reorganización, el número de instituciones vinculadas al transporte y tránsito sigue siendo elevado. Algunas de las entidades más relevantes son:

• Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret), fundada en 2005.
• Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial), creada en 2007.
• Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), establecido por la Ley 63-17, que tiene como objetivo coordinar y supervisar las políticas en materia de tránsito y transporte terrestre.
• Comisión Militar y Policial, creada por decreto en 2012.
• Fideicomiso RD Vial, creado en 2013.

Entre las entidades más recientes, destacan:

• Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), creado en octubre de 2021.
• Gabinete del Transporte, adscrito al Ministerio de la Presidencia, creado también mediante decreto en 2021.
• Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), instaurado en octubre de 2022.

Críticas y retos

A pesar de los esfuerzos por reorganizar el sector, Rafael Tobías Crespo, quien fue proponente de la Ley 63-17 y exdirector de Tránsito Terrestre, considera que el espíritu de la legislación se ha perdido. En su opinión, los cambios implementados entre 2020 y 2024 han sido una «contrarreforma», creando nuevas instituciones sin resolver los problemas fundamentales.

Según Crespo, el Gobierno ha tomado un retroceso institucional al crear entidades como la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, adscrita al Ministerio de la Presidencia, y el Gabinete del Transporte, que considera una «ente fantasma» que no tiene una función clara ni una estructura definida. El también diputado señaló que el Intrant debería ser la institución líder en la implementación de los cambios previstos por la ley, pero en su opinión, ha quedado rezagada y ha sido utilizada más para negocios privados que para cumplir con su misión de organizar el tránsito y el transporte.

Propuesta del ministerio de transporte

Crespo también abordó la propuesta de algunos sectores que sugieren la creación de un Ministerio del Transporte, que centralice todas las entidades relacionadas con el sector. Aunque en principio está de acuerdo con la idea, sostiene que la Ley 63-17 debería aplicarse correctamente primero, y que el Intrant debe tener autoridad y carácter para liderar los cambios, algo que considera que hasta ahora no ha sucedido.

«El Intrant se ha quedado corto y ha permitido que el sector continúe operando de manera desordenada. Mientras no se aplique adecuadamente la Ley 63-17 y se dé el liderazgo adecuado, el caos en las calles seguirá siendo una realidad», concluyó Crespo.

Desafíos en la movilidad y el tránsito

A pesar de los esfuerzos institucionales, la duplicidad de funciones y la creación de nuevas entidades no han logrado resolver el caos vehicular que afecta a las principales ciudades, especialmente en la Zona Metropolitana de Santo Domingo. La falta de coordinación entre las instituciones y la ausencia de un liderazgo claro en el sector han contribuido a mantener el desorden en las calles y las deficiencias en la infraestructura de transporte público.

A medida que el país continúa avanzando en la implementación de políticas de movilidad, se espera que las autoridades puedan encontrar soluciones que realmente resuelvan los problemas de tránsito, transporte público y seguridad vial, tal como lo planteaba originalmente la Ley 63-17.