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El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, en su sentencia TC/0767/24 del 6 de diciembre de 2024, declaró inconstitucional la Ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerar que no cumplió con el procedimiento adecuado para ser considerada una ley orgánica, como lo exige la Constitución. Esta ley regula temas de seguridad nacional y defensa del Estado, por lo que debe seguir un proceso legislativo más riguroso, que incluye una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y una mención explícita en su título y en las actas del Congreso sobre su carácter orgánico, lo cual no ocurrió en este caso.
El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, celebró la decisión del TC, señalando que reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales. A través de su cuenta en X, Fernández recordó que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por su partido, junto con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). «Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo», afirmó.
La controversia sobre la Ley 1-24 surgió principalmente por un artículo que obligaba a los ciudadanos a entregar información privada a la DNI sin la necesidad de una orden judicial, lo que generó rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios. Este artículo fue uno de los puntos que impulsó la modificación de la ley, proceso que comenzó en septiembre de 2024 cuando el gobierno presentó un proyecto de modificación ante el Senado, tras alcanzar un consenso con organizaciones de la sociedad civil.
Además, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) también había solicitado la modificación de varios artículos de la ley, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) presentó propuestas para la reforma de artículos clave.