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El general Francisco Osoria de la Cruz, director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), afirmó ayer que no corresponde a su institución limitar la circulación de motocicletas en el país. Según explicó, su función es hacer cumplir la ley de tránsito, pero imponer restricciones más severas sobre el uso de motocicletas requeriría la intervención de otros organismos del Estado.
Las declaraciones del general Osoria se produjeron en respuesta al editorial de Listín Diario titulado «La epidemia mortal de las dos ruedas», que criticaba la falta de acción efectiva para abordar los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas.
El editorial destacó que, durante el reciente operativo de Año Nuevo realizado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), nueve de cada diez muertes en accidentes de tránsito involucraron motocicletas.
Además, subrayó que los motociclistas representan el 52 % del parque vehicular y son responsables de un alto porcentaje de las emergencias médicas en los principales hospitales del país. “Más del 60 % de los recursos de estos centros se destinan a atender víctimas de accidentes con motocicletas, generando un costo millonario que sobrecarga el sistema de salud”, precisó el artículo.
Según el informe del operativo «Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2024-2025», se registraron 262 accidentes de tránsito durante las festividades, de los cuales 206 involucraron motocicletas. Estas cifras incluyeron 42 muertes, reflejando la gravedad del problema.
El director del COE, Juan Manuel Méndez, expresó su frustración ante la repetición del mismo patrón cada año. “Siguen siendo las motocicletas el gran dolor de cabeza de las autoridades y del país… algún día tomarán conciencia”, afirmó.
A pesar de los llamados de expertos y autoridades, las propuestas para establecer controles más estrictos sobre las motocicletas no han encontrado receptividad. Entre las medidas sugeridas están:
Regular la circulación de motocicletas en horarios específicos, Exigir el uso obligatorio de cascos protectores, Retirar de las vías a quienes incumplen las leyes de tránsito.
Sin embargo, el cumplimiento de estas normativas sigue siendo insuficiente.
César Roque Beato, director del Hospital Darío Contreras, describió la atención a motociclistas como un «barril sin fondo». Según detalló, el costo promedio por paciente en casos de accidentes con motocicletas asciende a 300 mil pesos, con un gasto diario de entre dos y cuatro millones de pesos solo en implantes médicos.
Roque Beato hizo un llamado a implementar controles más estrictos sobre la circulación de motocicletas para reducir tanto las víctimas como el impacto económico sobre el sistema de salud.
La problemática de las motocicletas en República Dominicana exige una respuesta integral. Mientras las autoridades continúan enfocándose en el cumplimiento de las leyes vigentes, los expertos y la sociedad claman por medidas más contundentes para prevenir tragedias y aliviar la carga sobre los servicios de salud. La solución sigue siendo un desafío para el Estado.
