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El informe, dividido en dos volúmenes, aborda por un lado los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y, por otro, la acumulación de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca. Según el Departamento de Justicia, la divulgación del volumen relacionado con la interferencia electoral es prioritaria, mientras que el segundo volumen permanece bajo reserva debido a procedimientos criminales en curso contra los coacusados Walt Nauta y Carlos De Oliveira.
El Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito, con sede en Atlanta, rechazó recientemente un intento de la defensa de Trump para bloquear la difusión del informe sobre interferencia electoral. Sin embargo, mantuvo una orden de la jueza Cannon que impide su publicación inmediata hasta tres días después de que el tribunal resuelva el caso.
El Departamento de Justicia ha argumentado que la decisión de Cannon es «claramente errónea» y ha solicitado al tribunal de apelaciones que levante la restricción. En su moción, señaló que la orden no solo bloquea la publicación pública, sino también el acceso privado al informe por parte de los comités judiciales de la Cámara y el Senado, lo que limita la capacidad de supervisión del Congreso.
Ambas investigaciones dirigidas por Jack Smith resultaron en acusaciones contra Trump, aunque fueron abandonadas en noviembre tras su victoria electoral. Smith citó la política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar penalmente a un presidente en funciones.
La disputa destaca las preocupaciones de que el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump podría intentar impedir la divulgación del informe completo, limitando la transparencia sobre hechos relevantes antes de que asuma el cargo. El informe sobre interferencia electoral incluye detalles de los esfuerzos del expresidente para desafiar los resultados electorales antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El Departamento de Justicia enfatizó que es práctica común publicar los informes de los fiscales especiales al concluir sus investigaciones. En el pasado, William Barr, secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump, divulgó el informe del fiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. De manera similar, Merrick Garland, actual secretario de Justicia, ha autorizado la publicación de informes, incluyendo uno relacionado con el manejo de documentos clasificados por Joe Biden antes de asumir la presidencia.
La decisión del tribunal de apelaciones será clave para determinar si el público y el Congreso tendrán acceso oportuno al informe antes del inicio del nuevo mandato presidencial de Trump.
