Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero sin el respaldo de la patronal. Esta medida, que se enmarca dentro del acuerdo de Gobierno, busca modernizar el mercado laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Un día histórico para los trabajadores
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este día como «histórico» y ha resaltado que la reforma traerá cambios positivos en la vida cotidiana de los ciudadanos. «Cumplimos con un compromiso histórico con los trabajadores», afirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
El anteproyecto de ley deberá pasar una segunda revisión en el Consejo de Ministros antes de su tramitación parlamentaria, proceso en el cual el Ejecutivo negociará con todas las fuerzas políticas para garantizar su aprobación.
Posturas enfrentadas Mientras que el Gobierno defiende la medida como una conquista laboral, el Partido Popular (PP) ha criticado la falta de consenso con la patronal y ha cuestionado su viabilidad. Vox, por su parte, considera la reducción de la jornada como un «capricho» de la ministra Díaz. En contraste, partidos como Compromís y Sumar la han calificado de «hito histórico» y han manifestado su disposición a negociar con otros grupos para garantizar su aprobación.
Control horario y desconexión digital Además de la reducción de la jornada, el anteproyecto introduce una reformulación del control horario, estableciendo sistemas más objetivos y accesibles para evitar irregularidades. También refuerza el derecho a la desconexión digital, protegiendo la intimidad de los trabajadores y evitando represalias por no estar disponibles fuera del horario laboral.
Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos y cumplir con la normativa. En caso de incumplimientos en materia de registro de jornada o condiciones laborales que afecten la salud y seguridad de los empleados, se prevén sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un modelo laboral más equitativo y eficiente, aunque su éxito dependerá de las negociaciones parlamentarias y su aplicación en el sector empresarial.
EFE