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El proceso judicial contra generales, coroneles y líderes religiosos acusados de corrupción avanza en la etapa de recepción de pruebas a descargo, iniciada la semana pasada con la defensa del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), general Adán Cáceres Silvestre.
Tras la conclusión de la presentación de pruebas del Ministerio Público, desde el pasado 2 de septiembre corresponde a las defensas técnicas exponer sus argumentos. En la audiencia más reciente, la defensa de Cáceres Silvestre presentó testigos y documentos que buscan contrarrestar las acusaciones.
Entre los testigos figuran Carol Irene Rodríguez, Omar Estévez Franco, Emanuel Florián Soriano, Héctor Espinal y Eureades Grullón Camacho. También fue escuchado el perito financiero Eladio Simón Peña García, quien presentó un informe certificado de diez páginas, elaborado con independencia profesional, según aseguró durante su exposición.
El juicio de fondo es conocido por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional: Esmirna Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo. Iniciado en 2021, el proceso ha mantenido el interés público por la magnitud del caso y el perfil de los imputados.
Según la acusación, la estructura liderada por militares habría defraudado al Estado con más de 4,500 millones de pesos. El Ministerio Público presentó peritajes que detallan bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo tres residencias en el sector Colina del Oeste, atribuidas a Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores y Boanerges Reyes Batista, valoradas en conjunto en US$3,486,544.92.
Las investigaciones señalan que estos inmuebles fueron registrados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, como parte de una maniobra para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
