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Un grupo de abogados penalistas y asociaciones jurídicas presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad contra más de cincuenta artículos del nuevo Código Penal dominicano, promulgado el 3 de agosto de 2025 mediante la Ley Orgánica 74-25.
La acción fue interpuesta por la Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD), y la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE), representadas por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales.
Los demandantes afirmaron que su propósito es garantizar que el nuevo Código Penal no vulnere derechos fundamentales, sino que se convierta en un instrumento eficaz y ajustado a la Constitución para enfrentar la criminalidad en el país.
Artículos cuestionados
Entre los artículos impugnados figuran los números 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388, que abordan temas como la corrupción pública, la malversación de fondos, el autosecuestro y el exhibicionismo sexual.
Según el recurso, estas disposiciones violan principios constitucionales como la legalidad penal, proporcionalidad, dignidad humana y debido proceso, además de contradecir tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la República Dominicana.
Alegatos de inconstitucionalidad
Los abogados argumentan que el texto aprobado por el Congreso rompe la coherencia interna del Código y presenta redacciones vagas y sanciones desproporcionadas, lo que podría afectar garantías constitucionales. También advierten que algunas disposiciones otorgan amplias facultades discrecionales a las autoridades, poniendo en riesgo el equilibrio entre los poderes del Estado.
El documento presentado ante el TC cita precedentes como las sentencias TC/0092/19 y TC/0345/19, que declaran inconstitucionales los tipos penales indeterminados y reconocen el derecho de las asociaciones profesionales a accionar en defensa del orden constitucional.
Posible impacto de la acción
El nuevo Código Penal, que reemplaza el vigente desde 1884, está previsto para entrar en vigor en agosto de 2026, tras un período de vacación legal. No obstante, si el Tribunal Constitucional admite el recurso, podría suspender la aplicación de los artículos impugnados hasta que se emita una decisión definitiva.
De ser acogida la demanda, el proceso podría convertirse en uno de los debates jurídicos más importantes de los últimos años, al someter a revisión la reforma penal más amplia y compleja aprobada en más de un siglo en la República Dominicana.
