Cuando uno lee el artículo 251 de la Constitución del 2010, parece que por fin el país había dado un paso histórico. Ahí está, negro sobre blanco: se crea un órgano de concertación social permanente, tripartito, con empresarios, trabajadores y sociedad civil, para asesorar al Poder Ejecutivo en los grandes temas económicos y sociales. Un espacio donde la ciudadanía, por fin, tendría voz real en las decisiones que le afectan. Un “agente de participación” que, según prometían los constituyentes, evitaría que los gobiernos decidieran solos y a puerta cerrada.
Pero si uno mira lo que ha pasado en los últimos veinte años, esa promesa se revela como uno de los mayores engaños que ha parido nuestra Carta Magna. El Consejo Económico y Social (CES) nació con bombo y platillo y se ha convertido, con el paso del tiempo, en un organismo teórico, irresoluto e inoperante. Un decorado institucional que sirve más para que los gobiernos digan que “escucharon a los sectores” que para cambiar realmente algo.
Todo comenzó en serio en el 2005, cuando el presidente Leonel Fernández, por decreto, formalizó lo que ya era un sueño viejo: el CES. Al frente puso a monseñor Agripino Núñez Collado, el hombre que, desde los años 80, había mediado en casi todos los conflictos grandes del país. El “Diálogo Tripartito” de 1985-1992, que él mismo impulsó, era su carta de presentación. Agripino era el conciliador por excelencia: educador, rector de la PUCMM, figura respetada por empresarios, sindicalistas y políticos. Durante quince años (2005-2020) presidió el CES como si fuera su casa. Se reunía, dialogaba, firmaba actas. Parecía que el Consejo por fin tenía alma.
Y sí, hubo momentos en que se sintió vivo. Se hablaron pactos, se discutieron reformas laborales, se tocaron temas espinosos como el pacto fiscal o la competitividad. Incluso durante la grave crisis electoral de 2020, cuando el colapso del sistema de votación amenazó con desestabilizar el país entero, el CES sirvió de foro para discusiones donde el sector privado jugó un papel clave de estabilidad, llamando a la calma y evitando que la confrontación escalara. Pero, con el paso del tiempo, quedó claro que el CES era más un foro de conversación educada que un órgano con dientes. Sus recomendaciones quedaban en los anaqueles. Los gobiernos las tomaban o las dejaban según les conviniera. Agripino, con su estilo conciliador y su sotana, le daba al organismo un barniz de seriedad moral, pero no lograba que las decisiones trascendieran el papel.
En agosto del 2020, el presidente Luis Abinader lo destituyó de un plumazo. Monseñor Agripino, con 15 años al frente, fue sustituido sin mayor drama público. Cuando falleció, su equipo fue echado a patadas, como si se tratara de barrer los últimos vestigios de una era que ya no convenía. En su lugar juramentaron a Rafael Toribio, politólogo de trayectoria académica, con el mandato de “refrescar” el Consejo. Lo que vino después fue el principio del fin de cualquier ilusión que quedara.
Bajo Toribio, que ha resultado tan irresoluto como ineficaz, el CES se volcó a lo que mejor sabe hacer: convocar diálogos nacionales. Se intentó revivir el Pacto Eléctrico, se armó una cumbre con expresidentes para la crisis haitiana en 2025, se discutió durante meses y se entregaron informes finales. Parecían ejercicios serios. Pero apenas se filtraron algunos párrafos sobre manejo de mano de obra extranjera o las promesas incumplidas del sector energético, estallaron las controversias. Reacciones fuertes, acusaciones cruzadas, aclaraciones públicas del propio Toribio negando lo que él mismo había puesto sobre la mesa. Al final, los documentos se publicaron, se archivaron y la vida siguió igual. La crisis con Haití sigue ahí, más cruda que nunca. La luz sigue cara y fallando en muchos barrios, y el CES no movió ni un tornillo de la política migratoria ni del sector eléctrico.
Eso es lo que ha marcado la era Toribio: mucho ruido, muchas mesas de diálogo, muchos comunicados… y cero frutos tangibles. El Consejo se ha convertido en un apéndice cómodo del gobierno de turno. Ya no es ni siquiera el mediador respetado de la época de Agripino. Ahora es un organismo que responde más a los intereses del Ejecutivo que a los del Estado. Los sectores se sientan, discuten, firman acuerdos… y luego cada quien se va por su lado. Los pactos estratégicos que tanto se pregonan en los balances anuales terminan siendo letra muerta.
Hoy, en 2026, el CES sigue existiendo porque la Constitución lo obliga a existir. Tiene sede, tiene consejeros, tiene comisiones y hasta página web actualizada. Pero como agente real de participación ciudadana es un fiasco. No ha logrado que ningún gobierno cambie una política importante por recomendación suya. No ha impedido que las decisiones económicas y sociales se tomen en los despachos de Palacio o en las cúpulas partidarias. Es un órgano constitucional que, en la práctica, no sirve ni para decorar.
El mayor engaño no fue crearlo. El engaño fue venderlo como la gran herramienta de la democracia participativa y dejar que se convirtiera en esto: un teatro de buenas intenciones donde todo se discute y nada se resuelve. De Agripino Núñez Collado, el conciliador incansable, cuyo equipo terminó barrido a patadas tras su muerte, al fiasco de un Toribio irresoluto donde hasta los diálogos más publicitados —incluido el intento de resucitar el Pacto Eléctrico— terminan en nada. El CES no es un fracaso de personas; es un fracaso del diseño institucional. Y mientras siga siendo solo un consejo consultivo sin poder vinculante, seguirá siendo lo que es: el mayor engaño que nos metieron en la Constitución del 2010.
