Colombia ha recibido más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto del 10 de agosto, pero la colaboración en la emergencia estuvo marcada por decisiones condicionadas según su origen. Mientras se permitió la entrada de equipos especializados de Israel y Estados Unidos, el Gobierno rechazó la asistencia ofrecida por México, lo que generó una fuerte polémica.
La controversia no abarcó toda la cooperación internacional, ya que el país también obtuvo apoyo de numerosos gobiernos y entidades, incluidos algunos que no son considerados cercanos al nuevo presidente, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
La analista política Sandra Borda explicó que hubo un sesgo en el manejo de la ayuda humanitaria, aunque reconoció que el nuevo Gobierno logró captar donaciones que, bajo otra inclinación política, quizás no hubieran llegado.
Desconexión inicial y rechazo a brigadistas
El primer problema, según Borda, estuvo relacionado con el momento en que ocurrió el terremoto: apenas tres días después de la llegada al poder de De la Espriella, en medio de una transición inconclusa entre la administración saliente y la entrante.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) seguía dirigida por Javier Pava, nombrado durante el Gobierno de Gustavo Petro, lo que generó una falta de comunicación efectiva con la nueva administración. Pava concluyó, antes de ser destituido el 12 de agosto, que Colombia no necesitaba equipos internacionales de rescate, una decisión cuestionada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Posteriormente, el Gobierno cambió de posición y aceptó equipos de Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador, pero rechazó la propuesta mexicana de enviar brigadistas.
“La segunda fase de los errores es haber tomado la decisión de recibir a unos sí y a otros no, con un criterio ideológico y no técnico”, señaló Borda, quien criticó que se prefiriera recibir rescatistas que tardarían más en llegar desde Israel, en lugar de aceptar a los mexicanos que podían arribar en pocas horas.
La analista advirtió que esa decisión tuvo un componente “puramente político e ideológico” y resultó especialmente cuestionable en un contexto de emergencia, donde el tiempo era determinante para salvar vidas durante la llamada ‘ventana de la vida’ de las primeras 72 horas.
Apoyo económico y respaldo internacional
Mientras la polémica por los rescatistas acaparaba la atención pública, Colombia recibió un importante respaldo económico internacional.
El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a 500,000 dólares en asistencia humanitaria. Estados Unidos anunció un aporte de 26.5 millones de dólares, y la familia Gilinski, la más rica de Colombia, donó 48 millones de dólares.
“Este Gobierno obtuvo un respaldo enorme de la banca multilateral y de los gobiernos. No sé si hubiera sido de la misma naturaleza si hubiese sido otro tipo de Gobierno (…) El reto grande que van a tener ahora es poner a funcionar una gerencia para la inversión y para la recuperación del desastre”, detalló Borda.
La analista concluyó que el costo político de la controversia por los rescatistas debería llevar al Ejecutivo a evitar que esas consideraciones se repitan en la distribución de la ayuda en las regiones afectadas, especialmente en zonas como el Chocó, epicentro del terremoto, donde el acceso fue más difícil y la presencia de más profesionales pudo haber agilizado las labores de rescate.
