La Cámara de Diputados introdujo cambios sustanciales al proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana, modificaciones que reducen de manera significativa la carga tributaria sobre las loterías electrónicas no acumulativas, eliminan un impuesto adicional de 1 % sobre las ventas brutas y establecen condiciones más favorables para los operadores ya instalados.
Las modificaciones fueron aprobadas el 23 de julio, con 111 votos a favor y cuatro en contra, y posteriormente remitidas al Senado de la República, donde permanecen bajo revisión.
Reducción de impuestos y beneficios para operadores
Una comparación entre el texto aprobado originalmente por el Senado el 10 de julio y la versión modificada por la Cámara revela que los diputados redujeron de 5 % a 2.5 % el impuesto sobre las ventas de las loterías electrónicas no acumulativas y eliminaron por completo el gravamen adicional de 1 % sobre las ventas brutas.
En términos nominales, ambas cargas representaban un 6 % sobre la misma base de ventas. Con la modificación, la carga pasa a 2.5 %, lo que representa una reducción de 3.5 puntos porcentuales, equivalente a una disminución de aproximadamente 58.3 % respecto de la carga aprobada inicialmente por el Senado.
Ejemplos ilustrativos muestran que un operador con ventas mensuales de RD$10 millones habría pagado RD$600,000 bajo el texto del Senado, mientras que con la versión de la Cámara la obligación baja a RD$250,000, una diferencia de RD$350,000. Para ventas de RD$1,000 millones, la brecha alcanzaría RD$35 millones mensuales.
La reducción también impacta a las loterías electrónicas acumulativas, que mantienen el impuesto de 24 %, pero quedan fuera del 1 % adicional sobre ventas brutas, pasando de una carga combinada de 25 % a 24 %.
Otros cambios: licencias, moratoria y deudas
El proyecto incorpora además un régimen especial de descuentos para deudas tributarias atrasadas, aunque no precisa el porcentaje ni el monto de ingresos que dejaría de percibir el Estado.
En materia de licencias, el artículo 22 establece que la tasa de renovación será inferior a la pagada originalmente y amplía la vigencia de las licencias de cinco a diez años, lo que implica pagos menos frecuentes y más bajos para los operadores.
Asimismo, el artículo 191 fija una moratoria de diez años para el otorgamiento de nuevas licencias, lo que protege a los operadores actuales y limita la entrada de nuevos competidores en el mercado.
El informe legislativo no presenta estimaciones sobre el impacto fiscal agregado de estas disposiciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre cuánto dejaría de percibir el Estado en términos de recaudación.
El senador Pedro Catrain, presidente de la comisión de Hacienda del Senado, explicó que el proyecto comenzará a ser estudiado la próxima semana, una vez sean examinadas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
