La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada este miércoles al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la periodista Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva sin pruebas en su contra.
La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano. La sentencia fue emitida por la Tercera Sala, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, y mantiene íntegramente la resolución del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Precedente histórico en reparación estatal
La defensa de Gutiérrez, integrada por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta”, afirmaron.
Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo.”
Origen del caso y persecución institucional
El caso se remonta a 2008, cuando Gutiérrez fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia por acusaciones infundadas de homicidio. En prisión preventiva, permaneció más de dos años, y fue condenado dos veces a 30 años, sentencias que luego fueron anuladas por la Corte de Apelación.
En 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente, tras revelarse que un testigo había sido sobornado para incriminarlo falsamente.
Reparación y doctrina constitucional
En 2020, Gutiérrez demandó a la PGR por RD$100 millones. El TSA determinó que el Estado actuó con “abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación por daños morales, físicos y profesionales.
Peritajes médicos confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes.
La SCJ concluyó que el recurso de casación de la PGR carecía de fundamento legal, y reafirmó que el uso indebido de la prisión preventiva viola la dignidad humana y el Estado de derecho.
“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia”, declaró Gutiérrez.
