Una jueza federal de Estados Unidos confirmó un laudo arbitral que ordena a la República Dominicana pagar cerca de US$44 millones al empresario multimillonario Michael Lee-Chin, en el marco de una disputa legal que se ha extendido por casi una década.
La decisión fue adoptada por la jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien respaldó íntegramente la recomendación de un magistrado y rechazó los intentos del Estado dominicano de anular el fallo emitido por un tribunal arbitral internacional.
Origen del conflicto
El caso se remonta a 2007, cuando un municipio dominicano firmó un contrato con la empresa Lajun Corporation para la gestión del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.
En 2013, Lee-Chin —presidente de Portland Holdings— adquirió indirectamente el 90 % de la empresa y de los terrenos del vertedero a través de sus compañías.
Sin embargo, en 2017 el Gobierno dominicano rescindió el contrato, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, y asumió el control total de las instalaciones.
El inversionista consideró esta acción como una expropiación ilegal y, en 2018, llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor de Lee-Chin, al determinar que la terminación del contrato violó principios de trato justo y constituyó una expropiación.
Como resultado, se ordenó al Estado dominicano pagar:
- US$38.7 millones por la expropiación
- US$4.8 millones por trato inequitativo
- Intereses y costos adicionales
El total supera los US$43.6 millones.
Intento fallido de anulación
El Gobierno dominicano intentó anular el laudo en un tribunal federal en Washington D.C., argumentando que no existía un acuerdo válido para someter la disputa a arbitraje.
No obstante, la corte estadounidense desestimó estos argumentos y confirmó la validez del fallo internacional, lo que abre la puerta a su ejecución
