Santo Domingo. — La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia suscribieron un acuerdo para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países en la persecución de delitos transnacionales.
El convenio, firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, se enmarca en la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en las legislaciones penales de las dos naciones.
La iniciativa busca mejorar los mecanismos de colaboración judicial y facilitar el intercambio de información para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado, especialmente delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
Reynoso destacó que este acuerdo representa un paso importante para hacer más efectiva la cooperación internacional y resaltó que el Equipo Conjunto de Investigación cuenta desde su creación con un plan operativo definido.
La procuradora también señaló que la trata de personas constituye una prioridad para las autoridades dominicanas, debido a que atenta gravemente contra la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas.
“Es un delito que tiene como objetivo comercializar seres humanos”, afirmó Reynoso, al considerar que este fenómeno requiere una respuesta integral y una atención especial por parte de las instituciones encargadas de combatirlo.
La funcionaria recordó que República Dominicana ya cuenta con experiencia en este tipo de mecanismos de colaboración, luego de establecer un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile.
Colombia destaca persecución del dinero delictivo
Por su parte, la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo Garzón, explicó que el acuerdo constituye el décimo octavo Equipo Conjunto de Investigación creado por Colombia con países signatarios de la Convención de Palermo.
Camargo Garzón subrayó que la naturaleza transnacional de la trata de personas exige respuestas coordinadas entre los países afectados. En ese sentido, sostuvo que herramientas como el ECI permiten compartir información, desarrollar investigaciones paralelas y ejecutar acciones conjuntas.
La fiscal colombiana también puso énfasis en la necesidad de seguir el rastro del dinero utilizado por las organizaciones criminales, incluyendo los recursos destinados al traslado de personas desde Colombia hacia República Dominicana.
Según explicó, combatir las estructuras financieras de estos grupos permite identificar cómo operan y establecer las rutas económicas que sostienen sus actividades ilícitas.
El acuerdo contó con la participación de representantes diplomáticos de República Dominicana y Colombia, quienes acompañaron la formalización de este mecanismo de cooperación bilateral.
