El Consejo Presidencial de Transición de Haití ha tomado la decisión de destituir al primer ministro Garry Conille, quien había estado en el centro de un conflicto con este órgano gubernamental. La medida, anunciada a través del diario oficial del país el lunes 11 de noviembre, llega en un momento de creciente inestabilidad política y social en la nación caribeña, marcada por la violencia pandillera y una profunda crisis humanitaria.
Según la publicación, el consejo, compuesto por nueve miembros y establecido en abril con el objetivo de dirigir el país tras la dimisión del despopulista primer ministro Ariel Henry, nombró a Conille como su nuevo jefe de gobierno a principios de junio. Sin embargo, las tensiones entre el Consejo Presidencial y Conille aumentaron en las últimas semanas debido a desacuerdos sobre la reestructuración de varios ministerios clave, incluidos los de Justicia, Finanzas, Defensa y Salud, cambios que fueron rechazados por el primer ministro.
El Consejo Presidencial ha designado al empresario Alix Didier Fils-Aimé como su sucesor. Sin embargo, la destitución de Conille no está exenta de controversia, ya que se cuestiona la legitimidad del proceso, dado que la figura del primer ministro interino no cuenta con una base constitucional sólida ni con el respaldo de un parlamento ratificador.
Conille, por su parte, ha manifestado su desacuerdo con la decisión y en una carta enviada al consejo, calificó la resolución como «ilegal», sugiriendo que la destitución estaba motivada por intereses personales y políticos dentro del propio consejo.
Un País en Crisis
Este cambio de liderazgo ocurre en un contexto de extrema violencia y caos social. Las pandillas, que dominan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y otras áreas del país, han intensificado sus ataques, controlando el 85% de la zona metropolitana y las principales rutas nacionales. Esta situación ha empeorado desde la destitución de Henry, con bandas armadas aliándose en un esfuerzo por derrocar al gobierno y atacar infraestructuras críticas como el aeropuerto internacional y estaciones policiales.
A pesar de la intervención de una fuerza internacional respaldada por la ONU, la misión ha tenido pocos resultados visibles frente a las bandas criminales que continúan siendo un desafío para la seguridad nacional. De acuerdo con un informe de la ONU, entre enero y junio de 2024, más de 3.600 personas fueron asesinadas y 1.100 secuestradas en Haití, mientras que la violencia obligó a más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, a huir de sus hogares.
Este nuevo giro en la política haitiana agrava aún más la incertidumbre en un país que lucha por encontrar una salida a su crisis multidimensional, donde la violencia, la pobreza y la falta de gobernabilidad siguen siendo las principales barreras para la estabilidad.
