La proposición exige que el Gobierno se adhiera a una demanda presentada en 2018 y que se dirija a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para requerir avances sobre la situación en Venezuela. Además, se solicita que el TPI dicte una orden de arresto contra Maduro y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, los partidos PSOE, Sumar y Podemos votaron en contra de esta petición, argumentando que representa una injerencia en la independencia de la Corte Penal Internacional. A pesar de la oposición, el PP logró que la iniciativa fuera aprobada.
Como parte de esta resolución, el Congreso ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el “cese inmediato” de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas detenidas arbitrariamente. Además, el Gobierno deberá presentar un informe en el plazo de un mes sobre las acciones realizadas por la embajada de España en Caracas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles afectados por crímenes de lesa humanidad.
Cabe destacar que, aunque el PSOE votó a favor de respaldar los informes de Naciones Unidas sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, Sumar se opuso a este punto, que fue el más respaldado por el pleno. La decisión del Congreso refleja la creciente preocupación por la situación en Venezuela y la presión internacional sobre el régimen de Maduro
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